MASACRE EN ACTEAL

La Matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México, el 22 de diciembre de 1997. Durante dicha incursión, fueron atacados indígenas tzotziles de la organización "Las Abejas", que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano calificó la masacre como un conflicto étnico entre comunidades, los opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideraron como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune.

Diversas fuentes periodísticas acusan directamente a mandos del ejército de haber colaborado con la masacre, por ejemplo, diversos casquillos de bala encontrados en el escenario del crimen corresponden a armas exclusivas del ejército, ​ igualmente diversos testimonios declaran que los mandos militares armaron a civiles y les incitaron a usarlas contra otros civiles. ​

Se demandó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a el expresidente mexicano Ernesto Zedillo por los delitos de lesa humanidad. ​ El grupo Las Abejas se deslindó de la demanda en contra del expresidente Zedillo, alegando que los demandantes anónimos deben de ser partidarios del Partido Acción Nacional o el propio expresidente Carlos Salinas, con quien mantiene una seria rivalidad.

Familiares de los fallecidos.

Tras los hechos de Acteal, fueron inculpados 26 indígenas identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes. Los inculpados solicitaron un juicio de amparo, que finalmente les fue otorgado a 20 de ellos el 12 de agosto de 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN), bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República (en aquel tiempo encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar) fabricó evidencias para inculpar a los presos.

Huelga por Justicia.